Supermercados, establecimientos de horti-fruti, comerciantes que operan en mercados, empresas que venden alimentos naturales e industrializados por regla general, productos de limpieza doméstica, farmacias, farmacias y todos los demás que distribuyen a los clientes envases plásticos para acondicionamiento de mercancías deberán pasar a ofrecer bolsas biodegradables.

Es lo que preve la ley 8.884, de autoría del diputado Victor Mendes (PV), aprobada con sustitutivo del dep. Tatá Milhomem (DEM) y sancionada por el gobernador Jackson Lago el pasado día 30 de octubre. Por la ley, los establecimientos tienen plazo de cinco años para sustitución de las bolsas de plástico por las biodegradables. Están fuera de la cobertura de la ley , los envases originales suministradas por la industria de alimentos, que poseen reglamento propio.

Según el autor, la medida es una contribución a la causa ambiental, ya que los envases biodegradables se descomponen con más facilidad y en menos tiempo que el plástico, uno de los materiales más difícil absorción por la naturaleza. “Se trata mucho más de un proceso educativo, cuyo objetivo es reducir el costo ambiental con el uso intensivo del plástico”, explica Victor Mendes.

Para que se tenga una idea, por año son producidas 210 mil toneladas de película de plástico (de las bolsas comunes), lo que representa 9,7% de todo la basura en el país. Como el 90% de las bolsas plásticas van para la basura, conforme estadísticas de la Revista Ciencia del Ambiente En Línea, eso genera problemas adicionales como taponamiento de redes de alcantarilla, dificultad en el desagüe del agua de la lluvia e inundaciones. En los vertederos y terraplenes sanitarios, forman una camada impermeable que perjudica el proceso de biodegradación de la materia orgánica y la fertilidad de los suelos.

Según la ley maranhense, biodegradables son los envases confeccionadas con materiales de descomposición acelerada por la acción del calor y de la luz, microorganismos o, todavía, que se desintegren por oxidación y cuyo resultado de la degradación sea agua, gas carbónico y biomasa.

La ley preve la aplicación de advertencia y multas pecuniarias en casos de desobediencia. Victor Mendes aclara, sin embargo, que esas sanciones tienen función educativa y de concienciación de las empresas y de los usuarios con respecto a la necesidad de preservar la naturaleza.

Mercado - Aunque sean una atractiva opción de negocios, la demanda en atacado por envases degradables, en todo Brasil, todavía es limitada. Falta de cultura, de leyes reguladoras y de decisión política que favorezcan un cambio de mentalidad explican ese cuadro.

Tanto la industria como el comercio alegan el precio [entre 10% y 15% más caro que las tradicionales] como justificante para el uso todavía restricto de envases ‘más amigables' al ambiente. “Esa es una realidad que tiende a cambiar, pues las propias empresas, movidas por el concepto de responsabilidad social, están buscando alternativas y encontrando opciones de lucro con el marketing por el uso de envases biodegradables y la venta de las llamadas retornables, productos que agregan valor y lucro a los negocios”, comenta Victor Mendes.

Estados como Pará, Paraná, Rio Grande do Sul y São Paulo ya discuten o tienen leyes aprobadas en ese sentido y ofrecen incentivos a las empresas, motivados por el interés social. Ese hecho viene estimulando el crecimiento de la oferta de las biodegradables.

Según datos de la Asociación Brasileña de la Industria de Envases Plásticas (Abief) en 2007 hubo un crecimiento de 2,5% en la demanda por bolsas degradables comparado con el mismo periodo de 2006, cuando el país consumió 37 mil millones de bolsas plásticas. Tal crecimiento, sin embargo, se estabilizó, tendiendo a crecer con la aprobación de los instrumentos legales fuera de Brasil.

En el mundo, varios países toman iniciativas en cuanto a la producción y al gasto descontrolado de bolsas plásticas. Irlanda fue la pionera a actuar en esa dirección, en 2002, creando el Plastax, un impuesto que cobra 0,15 euros por cada bolsa distribuida. El valor recaudado es revertido en proyectos ambientales.

Ciudades alemanas también cobran las bolsas plásticos del consumidor. En EE UU, San Francisco es la primera ciudad a aprobar un proyecto de ley que impide el uso de bolsas plásticas por grandes redes de supermercados y farmacias. La medida debe reducir el consumo de petróleo de la ciudad en 3 millones de litros por año. Italia y Francia, hasta el 2010, estarán en la lista de las naciones que prohíben el uso de bolsas de plástico.